García-Castellón ha citado para los días 7 y 8 de septiembre como investigados a Corinna Larsen, Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Éste último, expresidente de Telefónica, fue quien presuntamente puso en contacto a Larsen y a Villarejo y organizó el encuentro de la grabación, en 2015, en la que también aparece.
Por Pedro Águeda
Madrid, 27 de julio (ElDiario.es).- El Juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha ordenado la reapertura de la pieza número 5, denominada Carol, que investigaba en la Audiencia Nacional los indicios de delitos que se desprenden de unas grabaciones incautadas al Comisario en las que aparecen hablando éste y Corinna Larsen, expareja del rey emérito y que señalan a Juan Carlos I, aunque éste no puede ser investigado por la Audiencia Nacional al estar aforado ante el Supremo.
El primer Juez del caso, Diego de Egea, archivó en septiembre de 2018 la pieza, de acuerdo con Anticorrupción, por falta de indicios y porque los posibles delitos que se atribuían al monarca emérito no podían ser investigados por la inviolabilidad de la que hasta 2014 disfrutó el monarca.
García-Castellón ha citado para los días 7 y 8 de septiembre como investigados a Corinna Larsen, Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Éste último, expresidente de Telefónica, fue quien presuntamente puso en contacto a Larsen y a Villarejo y organizó el encuentro de la grabación, en 2015, en la que también aparece.
El Magistrado asegura en un auto que adopta esta decisión por el contenido de unos informes de la Policía de hace dos meses analizando el material incautado a Villarejo así como la petición de información que realizó Suiza y en la que la Fiscalía de ese país avanzaba parte de sus pesquisas.
En las últimas semanas, Suiza ha remitido a la Fiscalía española la respuesta a otra comisión rogatoria internacional, en este caso cursada por la Fiscalía Anticorrupción española, para conocer la investigación que el fiscal Yves Bertossa desarrolla en ese país contra Corinna Larsen, Dante Canónica, Arturo Fasana y la banca Mirabaud por blanqueo de capitales agravado, y que abrió a raíz de la publicación en España de las citadas grabaciones.
García-Castellón asegura en su auto que desconoce esa información remitida desde Suiza y, por tanto, «hasta que punto resultan coincidentes con los hechos que nutren esta causa (Villarejo) las pesquisas mantenidas tanto en Suiza, como ante la Fiscalía española».
Al mismo tiempo que pidió el archivo de la pieza 5, Anticorrupción abrió en septiembre de 2018 unas diligencias de investigación por presunta corrupción en las transacciones internacionales durante la construcción del AVE a La Meca.
Antes de que ésta finalizase, y ante los indicios de la presunta participación del emérito, la Fiscalía General del Estado ordenó el mes pasado trasladar las pesquisas a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforado Juan Carlos I. Por este motivo, la Audiencia Nacional no puede imputar al anterior Jefe del Estado.
«Esta reapertura, en principio, se dirige al esclarecimiento de la posible existencia de un encargo por parte de la señora Larsen al señor Villarejo, encargo que vendría referido a la obtención en España de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, sin perjudicio de que ello nos pueda llevar a otro tipo de infracciones, conforme al carácter dinámico de la investigación mencionada anteriormente», asegura García-Castellón en su auto de hoy.
En la investigación han aparecido nuevas grabaciones entre Corinna Larsen y el comisario en la que la primera le muestra su inquietud por que una colaboradora suya estuviera filtrando datos de índole privada. Villarejo le ofrece sus servicios para averiguarlo. «Estos audios justifican cuanto menos esclarecer si se llegó a materializar el encargo referido», añade el Juez.
En el auto del Juez aparece un nuevo conflicto con la Fiscalía, ya que ésta ha informado de que su investigación no tiene «conexidad» con la que tiene abierto el Ministerio Público suizo, en contra de lo que piensa el magistrado. Éste pide un informe a la Fiscalía sobre esa conexidad delictiva y sobre la competencia de la jurisdicción española.
